Un acuerdo de diciembre de 2017 con el Consejo Europeo que proponía una regulación más estricta de las criptomonedas para prevenir su abuso en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha encontrado el apoyo de los miembros del parlamento de la UE en una votación el jueves, reveló un comunicado de prensa.

La nueva legislación, que busca erosionar por completo el anonimato asociado con la criptomoneda, las plataformas de intercambio y los proveedores de billeteras custodias, fue aprobada después de 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones.

“El comportamiento criminal no ha cambiado”, dijo el eurodiputado y co-ponente Krisjanis Karins de Letonia, además agregando:

“Los delincuentes usan el anonimato para lavar sus ganancias ilícitas o financiar el terrorismo. Esta legislación ayuda a abordar las amenazas a nuestros ciudadanos y al sector financiero al permitir un mayor acceso a la información sobre las personas detrás de las empresas y al ajustar las reglas que regulan las monedas virtuales y las tarjetas prepagas anónimas”.

En consecuencia, las plataformas de intercambio criptográfico y los proveedores de servicios “tienen que estar registrados” y se les exigirá que apliquen controles de diligencia debida para los clientes mientras cumplen con los requisitos de verificación del cliente.

La co-ponente Judith Sargentini de los Países Bajos afirmó que se estaban perdiendo “miles de millones de euros” por “lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión y evasión de impuestos” que deberían destinarse a financiar escuelas, hospitales e infraestructura en la Unión Europea.

Ella añadió:

“Con esta nueva legislación, introducimos medidas más estrictas, ampliando el deber de las entidades financieras de llevar a cabo la debida diligencia del cliente”.

La directiva hará una extensión de la cual cubrirá todas las formas de proveedores de servicios de intercambio criptográfico, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor tres días después. Los estados miembros de la UE tendrán 18 meses para transponer las reglas a las respectivas leyes de sus naciones.